El caso de un camarógrafo muerto desnuda abusos de EE. UU. y la hipocresía de muchos gobernantes. Es explicable que Washington considere más grave revelar los documentos secretos de la guerra contra Irak que la propia guerra ilegal. Y es porque las publicaciones de WikiLeaks destapan la hipocresía de los gobiernos y ofrecen estremecedora imagen del músculo imperial. Un caso elocuente es el de José Couso, camarógrafo español muerto en Bagdad el 8 de abril del 2003. Couso se alojaba con docenas de periodistas en el Hotel Palestina, cuando un tanque del Ejército estadounidense disparó contra el piso 15 y dio muerte a Couso y a un reportero urcraniano. La familia del periodista de Tele5 demandó el caso ante los tribunales españoles, que, basados en leyes internacionales, identificaron y acusaron por el crimen de guerra a tres militares gringos. Desde entonces, el proceso sufre inexplicables retrasos. En julio lo reactivó por fin el Tribunal Supremo y se pidió a Interpol la captura de los acusados. Interpol no ha movido un dedo.WikiLeaks destapa ahora el pastel que intenta garantizar la impunidad de los autores del atroz ataque. Los documentos revelan la prepotencia y la doble moral del Departamento de Estado, muestran cómo mienten los gobernantes y desnuda a los funcionarios que se doblegan ante las presiones de países más fuertes. Una estela de mensajes cuenta de qué modo ciertas autoridades españolas -el Fiscal General, el jefe de la Audiencia Nacional y algunos ministros- se dedicaron, presionados, a estorbar en secreto el desarrollo del proceso, mientras en público hacían declaraciones altisonantes en memoria del periodista muerto y anunciaban que se haría justicia.
Es casi imposible hacer justicia en estos casos. El embajador de EE. UU. señaló a sus jefes el 21-10-2005 que "los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención" y aseguró que el titular de Justicia "pondrá todo su empeño en cuestionar la decisión del juez". El Fiscal llega al extremo de aconsejar a la embajada algunos trucos para estorbar el proceso, y el embajador de Bush, un banquero cubano-norteamericano, osó enviar un arrogante mensaje al gobierno español: "Se me está acabando la paciencia".
Cuando el ciudadano se entera de lo que ocurría entre telones en el caso Couso admira el coraje del órgano judicial español, que siguió adelante a pesar de la injerencia de Washington y de los funcionarios locales que, de manera vergonzosa, doblaron la rodilla ante el embajador impaciente. Aprende uno, entonces, aplicadas a un episodio concreto, varias lecciones fundamentales. Primera: que el supuesto respeto por las instituciones españolas que el embajador declaraba en público contradecía cínicamente sus maquinaciones secretas. Segunda: que la cacareada independencia del Gobierno era mera demagogia, pues en privado ayudaba a los intereses del Ejército gringo (esta actitud se demostró también respecto a los vuelos en territorio español de aviones norteamericanos con prisioneros ilegales). Tercera: que solo una judicatura independiente es garantía frente a las presiones políticas (Colombia lo ha experimentado en los últimos años). Y cuarta, que los verdaderos dueños de los secretos que divulga la prensa no son ni los gobiernos ni los periodistas, sino los ciudadanos. A ellos deben rendir cuentas desde el Presidente hasta el portero de la embajada.
Si estas cosas suceden en España, país tradicionalmente arisco frente a Estados Unidos, y cuyo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se negó a rendir honores al pabellón estadounidense, ¿se imaginan cómo abusarán, presionarán e intervendrán en el virreinato de Colombia los delegados gringos?
Atentados ecológicos
Se cocinan dos graves atentados contra el medio ambiente. En Santander, la firma canadiense Greystar promueve un irracional proyecto minero en el páramo de Santurbán que contaminaría las fuentes de agua de más de 2 millones de personas. Y en el Huila, la española Emgesa amenaza la región de El Quimbo con una absurda ampliación de beneficios que le concedió el Gobierno Nacional.
Afortunadamente, la ciudadanía reaccionó y está defendiendo sus derechos.
