La libertad de prensa, el derecho a investigar e informar sin cortapisas ni presiones oficiales de ningún tipo, cualquiera sea la verdad que el periodista descubre y decide divulgar, nuevamente se ve asediada por la intimidación de los violentos.
Lo ocurrido el jueves de la semana pasada (abril 23 de 2009) en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, con el escritor y comentarista radial Gustavo Álvarez Gardeazábal, no puede más que provocar repudio e indignación. Y dudas, dada la presencia, según se ha dicho coincidencial, de miembros del Ejército en inmediaciones de la casa de Álvarez Gardeazábal justo en el momento en que seis hombres y una mujer irrumpieron por la fuerza, amenazaron con secuestrarlo y hurtaron tres computadores.
Tan pronto se conoció, a través de una cámara de seguridad revelada por la Dijín de la Policía, sobre la presencia de la camioneta del Ejército, el presidente Álvaro Uribe exigió explicaciones e hizo énfasis en que su gobierno está comprometido con la seguridad y “con los valores democráticos, que son inseparables”. El jefe de Inteligencia del Ejército en el Valle del Cauca, capitán Leonel Suescún, aseguró que la institución castrense no tiene ninguna responsabilidad en los hechos y que el vehículo detectado cumplía con una labor humanitaria: trasladar a un discapacitado a la Notaría Tercera, ubicada a 80 metros de la vivienda asaltada. El encargado de la camioneta, el sargento Hersaín Castillo, señaló que estamos ante “un acto de buena fe”. Gardeazábal, en tono de preocupación y no sin razón, calificó de “ridículas” y “precarias” las explicaciones y en entrevista para El Radar de Caracol Televisión hizo énfasis en que Policía y Ejército se contradicen en sus versiones.
A la espera de que las investigaciones avancen y se aclare por qué hombres del Ejército ocupan su tiempo y equipos en darles auxilio a los civiles en materias completamente ajenas a su función de proveedores de la seguridad —si a eso vamos, sería más sensato que fuese la Policía, y no el Ejército, la que le ayudase al campesino y su familia— y de que se defina sin lugar a dudas si existe alguna conducta impropia de parte de las fuerzas del orden, el lamentable episodio sigue siendo un ejemplo de intolerancia hacia quienes tienen por profesión la denuncia.
El controvertido escritor de más de un clásico de la literatura de la violencia de los años cincuenta se ha caracterizado por hablar sin temores ni eufemismos. En el último tiempo, en su labor periodística como comentador del programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, se ha destacado por la preparación de sus intervenciones, en las que en más de una ocasión ha hecho explícitas las aparentes diferencias entre la Policía y el Ejército en su departamento. Por eso el ataque tiene todos los visos de ser un intento de los violentos para acallarlo. Que, entre otras, se suma al asesinato del periodista José Everardo Aguilar en El Bordo, Cauca, según todo lo indica en represalia por sus denuncias de corrupción administrativa en su programa de la cadena Súper.
Hace bien el Gobierno Nacional en declarar que las autoridades competentes se encargarán de la situación, pero razón tiene Álvarez Gardeazábal en manifestar su preocupación ante el ofrecimiento presidencial de una custodia especial de la que no dispuso anteriormente, pese a que ejerció como alcalde de Tuluá y gobernador del Valle. Mientras persistan las dudas, será válido preguntarse: ¿Se le protege o se le vigila?
Editorial de "El Espectador" de Bogotá, abril 28 de 2009.
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